Filántropas españolas que buscan salvar la industria textil

Sus empresas y organizaciones tratan de concienciar sobre el abuso de mujeres y niños en las fábricas textiles

Filántropas españolas

Foto: Pablo Zamora

Ya no es un pasatiempo, un dar como quien gasta. La filantropía es una actividad con la cabeza de quienes quieren invertir para generar un cambio», explica Ángela Gallifa Irujo, directora del centro de investigación de la Escuela de Negocios IESE.

Los datos hablan por sí solos. El último año se donaron en España 488.753.577 euros, según el estudio La colaboración de los españoles con las ONG y el perfil del donante de la consultora Salvetti & Llombar. Esto supone una caída del 47% respecto a 2006. Aún así, se mantiene el número de donantes, un 19,6% de la población, que incluye a aquéllos que aportan a las organizaciones sin ánimo de lucro (ONL).

¿Cómo es el perfil del altruista nacional? Elisa Chuliá, profesora de Sociología de la UNED, lo define claramente en su artículo En torno a la filantropía de las élites económicas en España. Un estudio empírico como punto de partida: está entre los 45 y los 64 años; el 93% tiene hijos; un 15% se considera muy religioso; ocho de cada diez son licenciados y el 65% posee un patrimonio construido por ellos mismos.

Pero el panorama solidario evoluciona. Al actual, el economista y profesor del IESE José Ramón Pin Arboledas lo define como Filantropía 3.0: «La global solidarity se vuelca en los grandes retos asociados a la crisis de la salud y del medio ambiente. En definitiva, a los asuntos más candentes de la economía del conocimiento». Y en este sentido «la moda se convierte en un gran soporte para transformar el mundo», explica Alicia García San Gabino.

Esta emprendedora fundó en 2003 Diseño para el desarrollo (DPD). Con esta organización, que engloba a 30 diseñadoras, ha logrado ayudar en India a artesanas de los sin casta; en Camboya, a niñas que habían sido vendidas a la explotación; y en Nepal, a mujeres que vivían en una pobreza extrema. «Les enseñamos a que dejen de fabricar el típico muñequito, dándoles instrucciones y herramientas para que puedan crear colecciones. Así, con pequeñas nociones de marketing, aprenden a trabajar y producir al gusto europeo», explica.

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De izq. a dcha. Alicia San Gabino, fundadora de Diseño para el Desarrollo; Judith Hurtado, Lemoncar Kids; y Lucía Bordón, diseñadora.

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«La industria de la moda es un estupendo escaparate para mostrar otras realidades. Se trata de un medio de exposición y comunicación. Porque un accesorio traído de uno de estos talleres anima a nuestro entorno a comprar. Es decir, a participar. La moda apela a sentimientos, a vivencias o valores internos del ser humano», afirma Sara Díaz, directora de la revista online de moda sostenible Triángulo Magazine, vinculada a DPD. Aunque puntualiza: «Este negocio necesita cambiar muchas cosas, como demonizar al empresario que contrata a niños. Los consumidores somos igual de responsables».

Natalia González viene de Melilla, donde ha trabajado en un proyecto que ayuda a artesanas que han sobrevivido al maltrato de género. Ella destaca esta preocupación de la industria por el trasfondo social. «En la moda está todo por hacer. Hay que recapacitar por qué una camiseta cuesta 3 euros si en cualquier mercería pagas eso solo por el hilo. ¿Qué hay detrás de ese valor? Un abuso. Una vez lo asumes, no hay vuelta atrás». Su compañera en la organización, Judith Hurtado, viajó a Camboya con una patronista para colaborar con artesanas y desarrollar colecciones para hombre, mujer y niño. «Una vez finalizada esa aventura estuve en un proyecto de la cárcel de Villena (Alicante) a cuyas reclusas ayudé a crear una línea de hogar llamada Malas Meninas, que vendimos en La Oca. Después decidí iniciar mi propia firma y realizar los diseños con los talleres que había descubierto». Así nació Lemoncar Kids –que hoy cuenta con 16 puntos de venta en España e Italia–, cuya primera tienda acaba de inaugurar. «Realizamos cerca de 1.500 piezas al año (con precios que oscilan entre los 30 y los 60 euros) –explica– Y no es una producción masiva porque hay que entender los tiempos con los que se trabaja en Camboya, donde lo prioritario es la supervivencia, no la eficiencia».

Todas ellas son conscientes de que la filantropía es un terreno mayoritariamente femenino. «Tradicionalmente era el hombre quien traía los ingresos, y la mujer se ocupaba de la administración. El mundo ha cambiado. Las mujeres generamos el mismo patrimonio pero también mantenemos, como parte de nuestra educación, la preocupación por el entorno», asegura Gema Gómez, precursora del movimiento Slow Fashion Spain y profesora en el Instituto Europeo de Diseño de Moda Sostenible. «De mis alumnos, el 97% son mujeres. Ellas cambiarán el mundo».

Antes de dedicarse a su «movimiento», como define su empresa, Gómez trabajó en dos grandes cadenas de moda españolas. «No quiero decir el nombre, porque ahí descubrí el horror que se esconde detrás de los precios». Éste es el motivo por el que considera que no se debe eliminar la idea de que la moda sostenible es cara. «Yo me encargaba de crear prendas de exterior. Un plumífero que se vende en tienda a 99 euros es ofrecido por el mayorista por 19, y gana dinero. A eso hay que restarle el valor de los tejidos, los botones, las cremalleras… y el beneficio del taller. ¿Qué queda? Empleadas que cobran 15 euros al mes».

En nuestro mercado estas emprendedoras tienen, además, otra lucha: que su trabajo se asocie al diseño, y no a términos peyorativos como el de perroflauta. «Este movimiento comenzó con la moda ecológica, realizada por gente con conciencia pero sin formación estética», recuerda Gema Gómez. Natalia Rodríguez, que también tiene su propia firma de ceremonia, Lía Siró, se suma a la queja por ese cliché que es más fuerte aquí que fuera. «¿Desde cuándo la sofisticación no puede tener un trasfondo social? Son muchísimas las maisons que hacen campañas para colaborar y concienciar», nos explica. Con su marca da trabajo a modistas jubiladas de Cuenca que cobran pensiones mínimas.

Esther Chamorro, fundadora de dLana*, también trabaja para salvar la artesanía nacional. Su firma, además de contar con su propia colección (la prenda más cara es una capa de 175 euros), es proveedora de canillas para la hilatura (desde 4,30 euros) solicitadas desde Inglaterra y Ginebra. «Hace unos años el gesto de un comprador español y el de uno extranjero ante una manta fabricada a mano Made in Spain era distinto; el de fuera lo apreciaba más. Ahora, con la crisis, ese gesto ha cambiando. Hemos recuperado el orgullo por lo que hacemos. Además, fuera no se cuestiona el precio y aquí sí». Con su empresa, Esther mantiene un taller de tejedoras en riesgo de exclusión. «Y defendemos la ganadería extensiva y trashumante, que aquí está muy devaluada, no tanto en carne como en queso, pero sí en lana. Y eso que luego somos proveedores de Burberry o Tommy Hilfiger», explica.

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Catalina Parra, directora de Philantropic Intelligence

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Con la idea de relanzar el mercado nacional, Alicia García San Gabino prepara un proyecto para recuperar la industria nacional textil. «Mi primera acción será en Perales de Tajuña, Madrid. Allí estaban tres de las fábricas de camisas más importantes del país, ahora cerradas. Quiero reabrirlas a modo de cooperativa. Un modelo como el que hizo Fabrics for Freedom en Gondomar, Pontevedra». Esta organización encargó a un taller de costura la confección de Esta bolsa tiene tela, un bolso que diseñó Sibylla (11,80 euros) para recaudar fondos para la fundación Navdanya en la India.

Los nuevos modelos de empresa con un fin social tratan de abrirse paso en nuestro país. Que la iniciativa no sea fácil puede tener que ver con que al 62% de los filántropos no les parezca adecuado el régimen fiscal de las donaciones, según el artículo de Elisa Chuliá del que hablábamos al principio. De ahí que un 80% considere que, si se produjera un cambio en la legislación, aumentaría su inversión.

La máquina judicial también está en marcha. El 1 de noviembre salió el anteproyecto de la Ley de Mecenazgo. «Había estado retenido dos años. Y ha resultado ser una castaña», exclama Parra. «Se esperaba que se pusieran unas deducciones fiscales a las donaciones mucho más importantes. Solo han subido un 5%, estamos hablando de que se ha dejado establecido un máximo del 30% a las personas físicas y un 35% a las empresas, cuando en Francia lo tienen de un 60%», comenta con decepción.

La fundadora de Diseño para el Desarrollo (DPD), Alicia García San Gabino, considera que las empresas no invierten más en filantropía «simplemente porque no les interesa. Si de 4.000 euros que aportan solo se les desgravan 1.000, ellos pierden 3.000, no les sale a cuenta». Pero puntualiza: «Ahora sí que hay descuentos y bonificaciones por la Ley 13/1982 de Responsabilidad Social Corporativa, (en empresas con más de 50 empleados el 2% tendrá que ser discapacitado). De ahí que, por ejemplo, haya más integración social. Que nadie piense que en los negocios la gente es buena porque sí».

Actualmente, en el Congreso hay una propuesta para la constitución de una nueva figura legal: la Sociedad limitada de interés general (SLIG). El modelo es similar al de las Benefit Corporation (B-Corp) que existen en Inglaterra y EE UU. Sus estatutos establecen que el objetivo es «producir un cambio en la sociedad o solucionar un problema». Entre sus obligaciones se encuentran: hacer público un reporte anual o semestral; responsabilidad fiduciaria con todos los grupos de interés que hay alrededor y el establecimiento de un límite del reparto de beneficios. «El 70% de estos se debe reinvertir en la empresa y el director general máximo no puede cobrar tres o cuatro veces más que el cargo más inferior», explica Catalina Parra, fundadora de Philantropic Intelligence, una asesoría que orienta a sus clientes respecto a qué ONL o fundación puede destinar su capital. En España ya existen precedentes de firmas que han integrado estas normas en sus estatutos, como la cooperativa de ropa de hogar Teixidors (fundada en 1983), en la que todos los trabajadores son personas en riesgo de exclusión.

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Gema Gómez, fundadora de Slow Fashion Spain; y Esther Chamorro, dLana*

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El 24 de septiembre también se aprobó el anteproyecto de la Ley de Fundaciones, que establece la figura de un protectorado para estas sociedades y ONL que siempre debe estar ejercido por un organismo público. «Dependiendo de su función, el protectorado puede depender del Ministerio de Sanidad, de Asuntos Sociales o de una consejería. Cuando una fundación incumple sus fines, hay que preguntarse por qué su protectorado lo ha permitido. Aunque hay que aclarar que el 99,9% de éstas tienen objetivos sociales y son transparentes», afirma Parra.

Ella creó su asesoría para dar seguridad a los donantes. «Cuando uno tiene un juicio contrata a un abogado, o a un consultor si quiere comprar una empresa. Hay que comportarse de idéntica forma al donar una cantidad importante de dinero y exigir que se nos diga cómo se va a aprovechar o el impacto que va a tener». Su empresa da más datos sobre cómo ha virado el comportamiento de los donantes, que ahora parecen más motivados a dejar que sus fondos se queden dentro de nuestras fronteras: «Quien daba el 50% a proyectos nacionales, ahora da el 80%. Quien entregaba el 100% a la cooperación internacional, ha pasado a dejar el 50% aquí». En lo referente a microfilantropía la consultora Salvetti & Llombar afirma que la aportación media nacional está en los 133 euros, incluyendo afiliaciones a las ONG. Aunque no hay datos concretos que precisen qué porcentaje se destina a objetivos relacionados directamente con la moda.

El 0,1 % del PIB nacional que se destina a actividades no lucrativas contrasta con el 0,84% de Reino Unido o el 1,85% de EE UU, según datos de la consultoría McKinsey. Que los porcentajes sean superiores se debe «en parte, a su mejor situación económica, y también al mayor apoyo de rostros públicos adinerados», dice Gema Gómez. Ejemplos de ello son Livia Firth, la mujer de Colin Firth, y fundadora de Green Carpet Challenge, o Folorunsho Alakija, la duodécima fortuna más importante del continente africano y la mujer negra más rica del mundo. Alakija, cuyo patrimonio es superior a los 3.500 millones de dólares, es promotora de la moda local a través de su fundación Rose of Sharon House of Fashion.

Este año, la revista Forbes nombró a las 30 personalidades menores de 30 años más influyentes. La única relacionada con la moda era la actriz Olivia Wilde, que está detrás de Concious Commerce, la web que vende productos de otras firmas de las que un porcentaje va destinado a causas benéficas. «Me comporto como la gente de mi generación. Quiero saber dónde va el dinero de las prendas que dicen estar vinculadas a una ONG», asegura. Con su iniciativa ha recaudado este año 100.000 dólares que donó a Red Light, para ayudar a jóvenes madres de Calcuta.

La modelo Liya Kebede creó Lemlem en 2007, que elabora prendas con tejidos de su país, Etiopía. «Con esta marca –que significa florecer– conseguimos que ellas sean autosuficientes». Sus diseños, con precios que van de los 40 a los 250 euros, se venden online y en templos del lujo como Barneys, Saks Fifth Avenue y Bloomingdale’s. «Estamos viviendo una segunda reeducación. La primera fue con el reciclaje en casa. Ahora toca revisar la forma con la que llenamos nuestros armarios», concluye Natalia Rodríguez.

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