Esperma ilegal y excursiones a España: la pesadilla de las solteras y lesbianas francesas para tener hijos

Un médico que facilite fecundación in vitro o inseminación a una mujer soltera o a una pareja de lesbianas puede ser castigado con hasta dos años de prisión y con una multa de 3.000 euros.

madres solteras

Manifestación feminista en Montparnasse, en Paris, el 5 de octubre de este año, un día antes de la manifestación contra la nueva ley bioética.

Francia es la cuna de la ilustración, la patria que se revolucionó para conseguir igualdad, legalidad y la fraternidad, la civilización que es semillero de los feminismos contemporáneos y el país en el que se que firmó El manifiesto de las 343 -también conocido como manifiesto de las 343 guarras-, aquella declaración redactada por Simone de Beauvoir publicada por Le Nouvel Observateur y firmada por 343 grandes damas la vida cultural francesa (entre ellas, Catherine Deneuve) en la que se autoinculpaban de haber abortado, se exponían a ser sometidas a procedimientos judiciales y proclamaban la despenalización del aborto.

Francia es también un país donde todavía en 2019 las mujeres solteras y las lesbianas tienen vetado el acceso a la fecundación in vitro y a la donación de semen. Solo las parejas heterosexuales que están casadas o llevan viviendo bajo el mismo techo al menos dos años pueden acceder a la asistencia reproductiva médica. No se trata de una prohibición expresa, pero tal y como nos explica el experto en derecho sanitario Fernando Abellán: “Las mujeres no pueden iniciar los trámites para una fecundación si no lo hace con ella un varón”.

Por este motivo, el país galo lleva meses inmerso en un acalorado debate sobre la primera gran reforma social de la Francia de Emmanuel Macron: una ley que pretende acabar con la desigualdad de género en los derechos reproductivos. No está siendo fácil. Como informa el mensual The Nation, el gobierno francés pretendía cambiar esto aprobando una nueva ley antes del verano, pero de momento solo ha conseguido llegar a un borrador que ha generado innumerables protestas por parte de los partidos conservadores y de grupos apoyados por la iglesia católica que se oponen al matrimonio del mismo sexo. La diputada Valérie Boyer, del partido de centro Les Republicanes, dijo al Financial Times en septiembre, cuando se estaba discutiendo la iniciativa: “Una sociedad que priva a los hijos de un padre está creando desigualdades. Los intereses de los niños no se están tomando en cuenta”. No fue la única figura pública beligerante. La Academia Nacional de Medicina apuntó en un informe: “La concepción de un niño deliberadamente sin un padre biológico constituye una falla antropológica por la que se apuesta no sin riesgos para el desarrollo psicológico y la maduración del bebé”. El informe era tan radical en su posicionamiento que explicaba con detalle el por qué de esta toma de postura moral: “Consideramos nuestro deber mantener unas ciertas reservas sobre las consecuencias médicas de esta decisión”. Aunque pueda parecer extraño que el país que en el imaginario popular se presenta como socialmente progresista y sexualmente liberado, lo cierto es que Francia ya se opuso ferozmente a la legalización del matrimonio gay, que solo llegó bajo el mandato del socialista François Hollande, en el año 2014. Muchos de los detractores de aquella ley consideran este avance una extensión de ella y dicen que se trata de una forma de allanar el camino a la gestación subrogada.

El pasado 6 de octubre, aproximadamente 42.000 personas (según datos de Reuters) se concentraron en las calles de París para protestar contra este proyecto de ley. Los manifestantes eran una mezcla de conservadores católicos y activistas de derechas que salieron a manifestarse bajo el grito único de: “Libertad, igualdad… y paternidad”. La elección de este lema habla de hasta qué punto los manifestantes ven esta ley como una auténtica subversión de los valores de la república francesa.

simone de beauvoir

Simone de Beauvoir en 1972 en el proceso de Bobigny, en el que se juzgaba a una menor de 16 años violada por haber abortado.

El gobierno francés acaba de aprobar dos partidas presupuestarias para que la sanidad pública financie a las parejas heterosexuales que se quieren inseminar artificialmente y otras para la fecundación in vitro. Dado que en Francia la sanidad pública recibe muchos fondos y el estado da mucha ayuda a las familias con hijos, este no es solo un debate sobre los derechos individuales. O como lo explica la escritora y activista residente Isabel Kaplan en el artículo de The Nation: “El actual debate no gira solo entorno a los derechos reproductivos de las personas sino que reta de forma radical la concepción heteronormativa y patriarcal de la familia”. Kaplan, que reside en París, es la fundadora de Proyecto 100, una iniciativa que promueve la llegada de al menos cien mujeres al Congreso de los Estados Unidos. En el país americano el debate sobre los derechos reproductivos se centra en cambio en el derecho al aborto, en cuya despenalización Francia sí fue pionera gracia a la presión de aquellas 343 mujeres que firmaron el incendiario manifiesto y a Simone Veil, la ministra de sanidad y activista feminista que por fin consiguió legalizarlo en 1975.

El 15 de octubre la cámara baja votó abrumadamente a favor de la nueva ley bioética que haría la asistencia reproductiva médica accesible a todas las mujeres de menos de 43 años, sin tener en cuenta su estado civil o su orientación sexual. Es la reforma más importante que llevaría a cabo el actual presidente de la República desde su llegada al Elíseo en 2017. Pero antes de que se pueda convertir en ley tiene que llegar al Senado, que ahora mismo cuenta con una mayoría conservadora.

Las penas por violar la actual ley reproductiva en Francia no son ninguna broma: un médico al que cojan in fraganti facilitando estos servicios a una mujer soltera o a una pareja de lesbianas puede ser castigado con hasta dos años de prisión y con una multa de 3.000 euros. Muchas mujeres solteras y las lesbianas que quieren concebir por el método de la reproducción asistida recurren al mercado negro. Una de ellas es viajar a países cercanos, como el Reino Unido, España, Bélgica u Holanda. La afluencia a nuestro país es de hecho abrumadora: según el informe de Técnicas de Reproducción Asistida de la Sociedad Española de Fertilidad, en 2017 (último año del que se tienen datos) se ofrecieron 7.100 tratamientos de fecundación a mujeres francesas, lo que supone un 47 por ciento de las pacientes internacionales. El siguiente país que más acude a España es Italia, pues allí también está prohibida la ovodonación.

Una ronda de tratamiento de fertilidad en España (una sola) puede llegar a costar 6.600 euros. Las mujeres que no se pueden permitir irse fuera acuden a portales como Co-parents y Donner Naturel, donde pueden encontrar donantes de semen o conectar con donantes. Pero en Francia es ilegal la venta de semen, por lo que muchos de estos donantes ponen como condición para dar sus servicios ofrecerlos “al natural”. Una buena muestra de cómo funciona este sistema y las aberraciones que genera se puede comprobar en este reportaje de la televisión francesa France 24.

Este no es el único riesgo que entraña el mercado negro: los bancos de esperma oficiales de Francia pasan por un monitorizaje exhaustivo y por tests médicos que informan de posibles enfermedades e incluso fallos genéticos. Esto no ocurre con los bancos clandestinos, por supuesto. Además, las mujeres que usan este recurso se arriesgan a que los “donantes” reclamen su paternidad e incluso la custodia del niño que venga.

La actual ministra de Sanidad, Agnés Buzyn, ha ofreciendo en reiteradas ocasiones su punto de vista y el motivo por el que está a favor de la nueva ley bioética: “El debate gira en torno a la sociedad en la que vivimos y la que queremos dejarle a las generaciones futuras. La ley tiene que llegar a ser un reflejo de lo que es Francia hoy y de lo que es el pueblo francés, en toda su diversidad. Los padres del mismo sexo y los padres solteros existen, es un hecho y no podemos ser tan hipócritas de hacer como que no los vemos y que no les reconocemos bajo el dominio de la ley”. La nueva ley, que supone una auténtica revolución para el país que inventó la Revolución, se votará en enero.

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